Valencia, a 16 de Marzo de 2010
Con motivo de la Presidencia española de la Unión Europea y la pretensión del Gobierno de extrapolar las medidas aquí en España adoptadas en materia de Igualdad y Violencia de Género al resto de Europa; desde la Federación Valenciana por la Igualdad y la Coparentalidad “PARE I MARE”, que tengo el honor de presidir, me dirijo a su consulado para manifestarle y hacer patente la desigualdad que viene ocurriendo en este país, España, desde la aprobación de las últimas leyes de Divorcio y la ley de Violencia de Género.
La Ley de Divorcio impide una relación igualitaria de uno de los progenitores al otorgar de forma sistemática, en más de un 90% de los casos, la custodia monoparental, excluyendo así al otro cónyuge y familia extensa a relacionarse e interactuar con el niño. Con el consiguiente incumplimiento de los Derechos Internacionales del Niño que expresan que éstos tienen derecho a relacionarse en igualdad de condiciones con su padre y con su madre.
En éste país no es posible para la mujer la verdadera igualdad, impidiendo la conciliación laboral y familiar puesto que en una separación o divorcio, el menor es asignado a la madre en la mayoría de los casos, haciéndose así muy complicado el optar por un puesto de trabajo digno que le permita un desarrollo personal y profesional.
Por otra parte, el padre quien es una parte fundamental para el desarrollo del menor, es arrancado literalmente de su vida, pasando a ser un mero visitador de cuatro días al mes; y si tiene suerte alguna hora a la semana.
Un país donde la Custodia Compartida no deja de ser papel mojado, puesto que se les exige desde los tribunales un acuerdo entre las partes que están en claro litigio Y en caso de acuerdo, deben tener el beneplácito del ministerio fiscal, inmiscuyéndose así en una negociación personal y familiar que no debería estar en sus competencias.
En el habitual caso de desacuerdo entre los progenitores, basta con que haya una “denuncia”, e insisto en la palabra “denuncia” que no sentencia de malos tratos, para que automáticamente el padre sea declarado “non grato” para poder optar siquiera por la Custodia Compartida. Éste hecho está siendo utilizado sistemáticamente por muchas mujeres, que por iniciativa propia o mal aconsejadas por sus abogados, optan por denunciar falsamente a sus cónyuges o parejas, para sacar provecho personal de algo tan verdaderamente grave, dramático y sangrante como son los malos tratos físicos o psicológicos personales, y en este caso a las mujeres.
Con respecto a la Ley Orgánica e Integral contra la Violencia de Género, éste Gobierno utilizando el drama de la mujer, está haciendo un dogma de fe que no ha servido para paliar estos crímenes y abusos hacia la mujer. Una ley que hace al varón culpable por el simple hecho de pertenecer al género masculino y a la mujer la relega a una minoría de edad, donde deciden y hablan por ella.
Una ley con unos beneficios sociales, que en la mayoría de los casos se quedan en promesas para las verdaderas mujeres víctimas del maltrato y en cambio otras, aprovechan y abusan de estos beneficios en detrimento de las primeras.
Los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, jueces y fiscales, están alzando la voz en contra del mal uso de la ley, de las denuncias falsas y se están encontrando con amenazas e intentos de acallar sus voces, jugándose en muchas ocasiones su carrera, sólo por ejercer su derecho de libertad de expresión.
Estas y otras leyes que han precedido a la Ley de Violencia de Género y los procedimientos legales y jurídicos en ellas establecidos no sólo hacen irresoluble el problema de la violencia doméstica en España; si no que contribuyen a su incremento, dejando desprotegidas a las mujeres, por su reactivo efecto; y conculcando derechos fundamentales de todos los ciudadanos, en especial niños y padres.
En el último año más de 200.000 hombres fueron denunciados ante los juzgados especializados de violencia de género sin las mínimas garantías procesales mientras que las tasas de conflictividad en los procesos de divorcio se elevaron cinco puntos porcentualmente.
España es el único país perteneciente al Consejo de Europa que cuenta con una legislación penal basada en el “derecho penal de autor” imponiendo penas superiores a los hombres por razón de sexo ante la comisión de idéntico delito. Sólo los colectivos de judíos, negros y homosexuales sufrieron en la historia un tratamiento semejante desde el derecho penal en épocas pasadas.
España viola, por tanto, los requisitos democráticos exigibles para su pertenencia al Consejo de Europa, lo que afecta tanto a ciudadanos europeos residentes en España como a los propios españoles.
Todo esto sin olvidar que la financiación del mal llamado Ministerio de Igualdad es proporcional al número de denuncias habidas en este país.
Deseo estimen Uds. oportuna y conveniente la reflexión profunda sobre esta grave problemática que indudablemente le puede afectar a su país en un futuro próximo y que esta misma reflexión conculque las vías de resolución y voluntad política para el beneficio social común a todos los ciudadanos, en general. Nos ponemos a su entera disposición para ofrecerles nuestra ayuda, información, documentación oportuna que estimen solicitarnos y voluntad de servicio.
Pilar Marco Ballester .
Presidenta de